¿Autoritarismo? Aún no. ¿Diseño autoritario? Por supuesto
Mientras Claudia Sheinbaum presume la tolerancia y la libertad de expresión como emblemas democráticos, la eliminación de los contrapesos institucionales son el diseño de un nuevo autoritarismo.
To read this article in English click here
La presidenta Claudia Sheinbaum suele enaltecer las libertades de las que hoy gozan sus críticos frente a las restricciones que sufrían en el pasado como prueba inequívoca de que ni ella ni su gobierno —contra lo que señalan sus adversarios— son autoritarios.
También subraya la ausencia de medidas represivas contra grupos opositores como evidencia de que México se ha distanciado del régimen autoritario que prevaleció durante más de siete décadas del siglo pasado.
Hace unos días, la presidenta incluso recordó que cuando comenzaba su activismo político, la sola convocatoria a una manifestación podía ser motivo de aprehensión, algo que —suele enfatizar— hoy ya no ocurre.
En 1978 “había que estarte cuidando. Si hacías una pinta para convocar a la marcha, te detenían”, dijo la presidenta durante una de sus reuniones matutinas con medios de comunicación. “Era la última parte de ese periodo terriblemente autoritario”.
De acuerdo con su visión, México está hoy muy, pero muy alejado de aquella época, especialmente si recordamos lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, cuando decenas de estudiantes fueron asesinados y cientos más detenidos por las fuerzas armadas que abrieron fuego contra una manifestación que exigía mayores libertades y el fin de la represión política.
“Eso era autoritarismo”, dijo el pasado 2 de octubre, 57 años después de la masacre, para reforzar lo mucho que el país ha cambiado y demostrar —de acuerdo con su argumento— que es incorrecto calificar el régimen político actual como autoritario.
La plaza de Tlatelolco donde ocurrió una matanza de estudiantes y activistas a manos del Estado mexicano. Foto flickr.com/Sebastián Cvitanic (https://flic.kr/p/6uWcq6)
Desde esa óptica, la mandataria podría tener cierta razón: hoy los mexicanos pueden criticar al gobierno prácticamente sin temor, los medios de comunicación gozan de libertades impensables hace algunas décadas y los opositores pueden protestar sin ser reprimidos o encarcelados como antaño. El país y sus ciudadanos disfrutan —con ciertos matices— de mayores grados de libertad.
Pero ¿son estas condiciones políticas actuales suficientes para asegurar, como afirma la presidenta, que su gobierno no es autoritario? ¿Puede decirse que México cuenta con un régimen democrático auténtico, aquel por el que tantos activistas o estudiantes fueron asesinados, encarcelados o desaparecidos antes y después de 1968?
La respuesta es no.
Las múltiples advertencias sobre una regresión democrática bajo los gobiernos de Sheinbaum y de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, no se sustentan en actos abiertamente represivos. Ni la presidenta ni su antecesor han necesitado recurrir a ellos, gracias, en parte, a la popularidad de ambos y a una conducción política y económica —en cierta medida— efectiva.
Las admoniciones se centran, más bien, en los cambios institucionales que ambos han impulsado, de forma gradual pero sistemática, para debilitar o eliminar los contrapesos que, desde finales del siglo pasado, habían permitido consolidar la democracia. El método seguido en esas transformaciones apunta a revertir esos logros para reinstaurar un nuevo sistema autoritario, aun cuando —en la práctica— ni Sheinbaum ni López Obrador hayan tenido que exhibirlo abiertamente.
La eliminación de los contrapesos institucionales al poder presidencial, junto con la concentración de autoridad en el Ejecutivo, explica la deriva hacia un régimen autoritario y por qué muchos así lo denuncian, aunque la presidenta lo niegue o procure encubrirlo con una retórica engañosa que compara tiempos y circunstancias que no son equiparables.
La lógica de concentración del poder no es abstracta; se expresa ya en decisiones institucionales concretas. Dos ejemplos claros del talante autoritario que subyace en el actual régimen político mexicano y que presagian la imposibilidad de una transición pacífica del poder entre grupos opositores son las dos decisiones más relevantes que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los últimos 14 meses.
Aunque ambas resoluciones parecieron ajustarse a los procedimientos formales, en realidad evidenciaron la influencia del poder presidencial sobre el Tribunal, encauzada a consolidar su hegemonía política y el retorno de lo que podríamos llamar un neoautoritarismo en México.
La primera ocurrió a finales de agosto del año pasado, cuando el Tribunal —rompiendo con criterios previos, mucho más restrictivos— permitió que la coalición ganadora de las elecciones de junio de 2024 obtuviera una representación desproporcionada a los votos ganados en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión.
A pesar de haber obtenido apenas 55% de la votación, el partido gobernante, Morena, y sus aliados políticos terminaron controlando aproximadamente 73% de los curules en la Cámara de Diputados y 65% en el Senado. Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal otorgó así una sobrerrepresentación que dejó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a merced del entonces presidente López Obrador y de la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, al contar ambos con casi dos terceras partes de los votos necesarios para reformar la Carta Magna.
Ambos, agradeciendo el obsequio electoral de los magistrados, optaron por continuar con el desmantelamiento del régimen democrático establecido desde 1997. Con la mayoría calificada en las dos cámaras —lograda en el Senado luego de chantajear con enviar a la cárcel a familiares de un par de legisladores si no votaban con la mayoría—, los dos líderes impulsaron reformas constitucionales que, por un lado, subordinaron el Poder Judicial al Ejecutivo y, por otro, eliminaron entidades autónomas.
Bajo la cortina de humo de que, a partir de 2025, jueces, magistrados y ministros serían elegidos por “el pueblo” para convertir a México en “el país más democrático del mundo”, la mancuerna López Obrador–Sheinbaum terminó por someter al Poder Judicial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una gira de trabajo. Con frecuencia, presume libertades como prueba de que México vive en democracia, pero las transformaciones institucionales revelan un diseño político orientado a la concentración del poder. Foto Oficina de la Presidencia
La escasa participación en esa elección, celebrada en junio de este año, confirmó las sospechas sobre su carácter espurio: apenas 11% del electorado acudió a votar, y cerca de 80% de los ganadores coincidieron con los nombres promovidos por la coalición gobernante a través de guías de votación —conocidas popularmente como acordeones—. Un proceso electoral, cuando menos, viciado.
Las impugnaciones presentadas fueron además desechadas por el Tribunal Electoral, aun cuando dos de sus cinco miembros pidieron invalidar el proceso ante la evidente injerencia del gobierno. Esta segunda resolución confirmó la influencia presidencial sobre un poder que hasta hacía muy poco se mantenía autónomo e independiente, pero que hoy está subordinado a la voluntad del Ejecutivo.
Con el Poder Judicial bajo la influencia del Ejecutivo y con un Congreso controlado en dos terceras partes por la coalición gobernante, resulta imposible sostener que México no vive ya bajo un régimen autoritario. A ello se suma el desmantelamiento de agencias autónomas y el control indirecto de la entidad encargada de realizar las elecciones en el país.
Si bien ni el Poder Judicial ni las instituciones autónomas —incluido el Instituto Nacional Electoral (INE)— eran perfectas, todas tomaban hasta hace poco decisiones alejadas o contrarias a los intereses del gobierno. Muchas de esas decisiones enfurecieron a López Obrador, quien buscó, contrario a lo prometido en campaña y al asumir el poder, eliminarlas.
La posibilidad de que esas instituciones frenen hoy decisiones contrarias a la legalidad es prácticamente inexistente. Resulta difícil imaginar que, en asuntos de relevancia para el grupo en el poder, vayan a fallar en contra de sus intereses.
Eso es autoritarismo, aun cuando el gobierno no haya tenido todavía que reprimir a sus opositores o silenciar a sus críticos —aunque ya lo hace, sobre todo a nivel local—.
Es más, las protestas y las críticas de la prensa terminan otorgando al gobierno cierta pátina de legitimidad en su accionar autoritario. Apelar —como suele hacerlo la presidenta— a la libertad de expresión y de manifestación como prueba de que México vive en democracia resulta una maniobra hábil para ocultar la profunda regresión institucional que el país ha experimentado en los últimos siete años. Hoy, a diferencia de ayer, el gobierno puede hacer prácticamente lo que quiere sin que alguna institución —supuestamente creada para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder— se lo impida.
Los cambios que Morena y sus aliados han logrado imponer al sistema político permiten prever que su llegada no será efímera. Todo apunta, incluso, a un proyecto de largo aliento semejante al que consolidó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante gran parte del siglo pasado, cuando —bajo distintas formas— impuso lo que el escritor peruano Mario Vargas Llosa acertadamente llamó “la dictadura perfecta”.
Bajo las condiciones actuales, Morena difícilmente soltará el poder. El sistema autoritario que ha edificado le permitirá perpetuarse, y su veta autoritaria —aunque la presidenta Sheinbaum la niegue— quedará expuesta el día en que “el pueblo” busque otra opción de gobierno y descubra que ya no puede elegirla.
Quedará entonces confirmado lo que ya es hoy una realidad: que México vive bajo un régimen neoautoritario.
Authoritarianism? Not Yet. Authoritarian Design? Of Course
While Claudia Sheinbaum touts tolerance and freedom of expression as hallmarks of democracy, the systematic dismantling of institutional checks and balances exposes the architecture of a new authoritarianism.
by Eduardo García
President Claudia Sheinbaum often praises the freedoms her critics enjoy today, compared with the restrictions they faced in the past, as unequivocal proof that neither she nor her government —contrary to what her opponents claim— are authoritarian.
She also points to the absence of repressive measures against opposition groups as evidence that Mexico has moved far from the authoritarian regime that prevailed for more than seven decades of the last century.
Just a few days ago, the president even recalled that when she began her political activism, merely calling for a demonstration could be grounds for arrest — something that, she often emphasizes, no longer happens.
In 1978 “you had to be careful. If you made graffiti to call for a march, they would arrest you,” she said during one of her morning news briefings. “It was the last stretch of that terribly authoritarian period.”
In her view, Mexico today is very, very far from those times —especially when we recall what happened on October 2, 1968, in the Plaza de las Tres Culturas in Tlatelolco, when dozens of students were killed and hundreds more arrested by the armed forces for opening fire on a peaceful demonstration demanding greater freedoms and an end to political repression.
“That was authoritarianism,” she said on October 2, fifty-seven years after the massacre, to underscore how much the country has changed and to argue that it is therefore incorrect to label Mexico’s current political regime as authoritarian.
Tlatelolco Plaza, where the Mexican government massacred students and activists. Foto flickr.com/Sebastián Cvitanic (https://flic.kr/p/6uWcq6)
From that perspective, the president might have a point: today, Mexicans can criticize the government with little fear; the media enjoy freedoms unimaginable a few decades ago; and the opposition can protest without being repressed or imprisoned as in the past. The country and its citizens live —with some caveats— under greater degrees of freedom.
But are these current political conditions enough to guarantee, as the president insists, that her government is not authoritarian? Can it truly be said that Mexico still has an authentic democratic regime —the very one for which so many activists and students were killed, imprisoned, or disappeared before and after 1968?
The answer is no.
Warnings of democratic regression under the governments of Sheinbaum and her predecessor, Andrés Manuel López Obrador, are not based on overtly repressive acts. Neither president has had to resort to such measures, thanks in part to their enduring popularity and, to some extent, effective political and economic management.
The concern, rather, lies in the institutional changes both have gradually but systematically advanced, measures that weaken or eliminate the checks and balances that, since the late 20th century, helped consolidate Mexican democracy. These transformations are designed to reverse those gains and re-establish a new authoritarian system.
The elimination of institutional counterweights to presidential power, coupled with the concentration of authority in the executive branch, explains Mexico’s drift toward authoritarianism — and why so many call it out, even as the president denies it or cloaks it in misleading rhetoric that draws false comparisons between different times and contexts.
The logic of power concentration is not abstract; it is already visible in concrete institutional decisions. Two clear examples of the authoritarian mindset underlying the current regime —and which foreshadow the impossibility of a peaceful transition of power between opposing groups— are the two most consequential rulings issued by Mexico’s Electoral Tribunal (TEPJF) in the past fourteen months.
Although both decisions appeared to follow formal procedure, they in fact revealed the influence of presidential power over the Court —aimed at consolidating its political hegemony and paving the way for what might be called a new authoritarianism in Mexico.
The first came in late August of last year, when the Court —breaking with its previously stricter criteria — allowed the winning coalition in the June 2024 elections to obtain a level of representation far out of proportion to its actual vote share in both chambers of Congress.
Despite winning just 55% of the vote, the ruling Morena party and its allies ended up controlling about 73% of the seats in the Chamber of Deputies and 65% in the Senate. With four votes in favor and one against, the Court granted an overrepresentation that effectively placed Mexico’s Constitution at the mercy of then-President López Obrador and President-elect Claudia Sheinbaum, giving them nearly two-thirds of the votes needed to amend the Magna Carta.
Both leaders, grateful for the magistrates’ electoral gift, proceeded to dismantle the democratic framework established since 1997. With a qualified majority in both chambers —secured in the Senate after reportedly blackmailing a pair of opposition legislators by threatening their relatives with imprisonment if they refused to vote with the majority— they pushed through constitutional reforms that subordinated the Judiciary to the Executive and eliminated autonomous institutions.
Behind the smokescreen that, beginning in 2025, judges, magistrates, and justices would be elected by “the people” —supposedly making Mexico “the most democratic country in the world”— the López Obrador–Sheinbaum duo effectively subdued the Judiciary.
President of Mexico, Claudia Sheinbaum, during a working tour. She often touts civil liberties as proof that Mexico is a democracy, but institutional transformations reveal a political design geared toward the concentration of power. Photo Office of the Presidency
The low voter turnout in that election, held in June of this year, confirmed suspicions about its illegitimacy: barely 11% of the electorate participated, and roughly 80% of the winners coincided with the names promoted by the ruling coalition through voting guides —popularly known as acordeones (crib sheets). An electoral process, to say the least, deeply flawed.
The legal challenges that followed were dismissed by the Electoral Tribunal, even though two of its five members called for the process to be annulled due to the government’s blatant interference. This second ruling confirmed presidential dominance over a branch of power that until recently remained autonomous and independent —but which is now clearly subordinate to the Executive’s will.
With the Judiciary under the Executive’s influence and a Congress controlled two-thirds by the ruling coalition, it is impossible to argue that Mexico is not already living under an authoritarian regime. To this must be added the dismantling of autonomous agencies and the indirect control of the electoral authority charged with organizing national elections.
Neither the Judiciary nor the autonomous institutions, including the National Electoral Institute (INE), were perfect. Yet, until recently, all of them made decisions independent of, or even contrary to, the government’s interests. Many of those rulings infuriated López Obrador, who sought —contrary to his campaign promises and his early pledges in office— to abolish them.
Today, the possibility that these institutions could halt unlawful or unconstitutional government actions is virtually nonexistent. It is hard to imagine that, on issues of importance to those in power, they would dare rule against the government’s interests.
That is authoritarianism — even if the government has not yet had to repress its opponents or silence its critics (although it already does, particularly at the local level).
Indeed, protests and media criticism only serve to lend the government a thin veneer of legitimacy in its authoritarian conduct. Invoking —as the president frequently does— freedom of expression and the right to protest as proof that Mexico remains democratic is a clever tactic to conceal the deep institutional regression the country has undergone over the past seven years. Today, unlike yesterday, the government can do virtually whatever it wants without any institution —supposedly created to protect citizens from abuses of power— standing in its way.
The changes that Morena and its allies have imposed on the political system suggest that their hold onto power will not be short-lived. Everything points to a long-term project reminiscent of the one the Institutional Revolutionary Party (PRI) consolidated for much of the last century —the same system that Peruvian writer Mario Vargas Llosa famously called “the perfect dictatorship.”
Under current conditions, Morena is unlikely to relinquish power. The authoritarian system it has built will allow it to entrench itself, and its authoritarian streak —though President Sheinbaum may deny it— will be exposed the day “the people” seek another option for government and discover they no longer have one.
What is already true today will then be confirmed: Mexico lives under a neo-authoritarian regime.