Duro golpe financiero – 21 días

Estados Unidos acusa a tres bancos mexicanos de lavar dinero del narco. Sacude el sistema financiero nacional y evidencia fracturas con México.

To read this article in English click here

Alrededor de la 1:00 p.m., hora del centro de México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una bomba que sacudió los cimientos del sistema financiero mexicano.

A esa hora, tres intermediarios financieros de tamaño medio —pero bien conocidos en círculos especializados del país— fueron señalados por participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas al financiamiento de la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos por parte de distintos cárteles mexicanos.

Las instituciones señaladas fueron CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las dos primeras tienen sede en la Ciudad de México y la tercera, una firma de corretaje, opera desde Monterrey.

Nunca antes instituciones financieras mexicanas de este tamaño habían sido acusadas —ni en México ni en Estados Unidos— de participar en operaciones de ese tipo vinculadas al narcotráfico. De hecho, estas tres entidades se convirtieron en las primeras en el mundo en ser sancionadas bajo una nueva legislación estadounidense: la FEND Off Fentanyl Act, aprobada en 2024. Esta norma otorga a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro la facultad de designar, con base en “sospechas razonables”, a instituciones financieras extranjeras como actores relevantes en el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides sintéticos.

El sistema financiero mexicano recibió un duro golpe tras los señalamientos estadounidenses a tres instituciones bancarias –CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa-- de operaciones de lavado de dinero. Foto Pedro Lastra/https://flic.kr/p/jRnuZ6

Cada caso tiene un alcance y una gravedad distintos. CIBanco fue señalado por la presunta complicidad de un empleado quien habría ayudado al Cártel del Golfo a abrir una cuenta para lavar 10 millones de dólares.

Intercam fue acusado de facilitar la adquisición de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —organización designada como terrorista extranjera por el gobierno estadounidense— a través de transferencias en efectivo de al menos 1.9 millones de dólares, realizadas por individuos vinculados al tráfico transfronterizo de drogas.

En el caso de Vector, Estados Unidos lo acusa de haber canalizado 17 millones de dólares a través de empresas fantasma ligadas a proveedores chinos de precursores químicos y a redes criminales como el Cártel de Sinaloa y el propio Cártel del Golfo, dos grupos criminales también designados organizaciones foráneas terroristas por Estados Unidos. Algunas de estas operaciones estarían además vinculadas con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

En los tres casos, las sumas señaladas por el gobierno estadounidense resultan pequeñas frente al volumen de miles de millones de dólares que fluyen a diario entre México, China y Estados Unidos. Tan solo el comercio México-China equivale a 136 mil millones de dólares anuales y el de México con Estados Unidos, a casi 840 mil millones.

Como consecuencia de estas acusaciones, las autoridades estadounidenses indicaron que, una vez que los hallazgos sean publicados en el Federal Register, las instituciones financieras de su país que mantengan relaciones con las entidades mexicanas sancionadas tendrán un plazo de 21 días para suspender todas sus transacciones con ellas.

Ese plazo subraya la fuerte dependencia de la banca mexicana respecto a los vínculos transfronterizos, especialmente con intermediarios estadounidenses que proporcionan servicios de corresponsalía, compensación y financiamiento internacional.

Aunque los 21 días podrían interpretarse como una ventana de oportunidad para que las entidades afectadas —o incluso el gobierno mexicano— intenten defenderse, aclarar o impugnar las acusaciones, las probabilidades de revertir la designación son mínimas. FinCEN no está legalmente obligado a considerar argumentos externos ni a presentar públicamente toda la evidencia en la que basa su decisión. La norma fue concebida como una herramienta de seguridad nacional, no como un proceso judicial ordinario.

De hecho, el que FinCEN haya emitido estas designaciones implica que ya concluyó una investigación interna —probablemente en coordinación con agencias como Drug Enforcement Agency (DEA) y Departamento de Justica— y que considera probado el vínculo entre las instituciones y el financiamiento del narcotráfico. Aunque persisten dudas sobre si esto podría formar parte de una estrategia política del presidente Donald J. Trump y su equipo —quienes en el pasado han recurrido al uso de agencias gubernamentales para obtener concesiones tanto de adversarios como de aliados—, lo cierto es que el respaldo en Estados Unidos para frenar la epidemia de fentanilo trasciende las divisiones partidistas.

A futuro, las entidades señaladas podrían intentar mitigar parcialmente el impacto implementando acciones correctivas agresivas y negociando nuevas condiciones específicas de operación. También podrían reorientar sus operaciones internacionales hacia bancos en Europa y América Latina menos adversos a riesgos regulatorios. Pero nada de eso garantiza que recuperen acceso a los principales sistemas financieros internacionales en el corto plazo.

Las respuestas de las tres instituciones mexicanas no se hicieron esperar. Negaron rotundamente cualquier vínculo con operaciones ilícitas y defendieron sus trayectorias, señalando que cumplen con todos los requisitos regulatorios nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, para las autoridades estadounidenses esos estándares no bastaron. A su juicio, esas instituciones fueron, al menos, facilitadoras indirectas de flujos financieros ilegales.

El comunicado del Departamento del Tesoro no incluyó pruebas documentales de las acusaciones, y buena parte de la evidencia permanece clasificada como confidencial. Eso dificultará la capacidad de defensa de las empresas mexicanas, que podrían desconocer el detalle de las operaciones específicas que se les atribuyen.

Por su parte, el gobierno mexicano expresó su sorpresa ante el anuncio. En un comunicado, informó que tras una primera advertencia recibida meses atrás, solicitó mayor información a las autoridades estadounidenses sin obtener respuesta, hasta la publicación formal de las sanciones este miércoles. La Secretaría de Hacienda dejó entrever que, si bien ambos países hablan de cooperación binacional en temas como el combate al narcotráfico, en la práctica no existió coordinación ni intercambio transparente de información respecto a estas designaciones.

El impacto trasciende a las tres instituciones afectadas. CIBanco, por ejemplo, es uno de los principales operadores fiduciarios del país, clave en emisiones de deuda, fibras y CKDs. Las implicaciones para el sistema financiero mexicano, su reputación internacional y la confianza de los inversionistas pueden ser profundas y duraderas.

Financial Blow – 21 Days

The United States accuses three Mexican banks of laundering drug money, shaking the financial system and exposing cracks in the U.S.-Mexico relationship.

by Eduardo García

Around 1:00 p.m. Mexico City time, the U.S. Treasury Department dropped a bombshell that shook the foundations of Mexico’s financial system.

At that hour, three medium-sized financial institutions — well known in Mexican financial circles — were publicly accused of participating in money laundering operations linked to the financing of fentanyl production and distribution by Mexican drug cartels operating across the U.S.-Mexico border.

The institutions named were CIBanco, Intercam Banco, and Vector Casa de Bolsa. The first two are based in Mexico City, while the third — a brokerage firm — operates out of Monterrey.

Never before had Mexican financial institutions of this size been accused — either in Mexico or the United States — of involvement in drug-related money laundering. In fact, these three are the first in the world to be sanctioned under a new U.S. law: the FEND Off Fentanyl Act, passed in 2024. The legislation grants the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), part of the U.S. Treasury, the authority to designate foreign financial institutions as actors of primary money laundering concern based on "reasonable suspicion" of involvement in laundering funds linked to synthetic opioid trafficking.

Mexico’s financial system suffered a major blow after the U.S. accused three banking institutions—CIBanco, Intercam Banco, and Vector Casa de Bolsa—of laundering drug money. Photo flickr.com/Pedro Lastra (https://flic.kr/p/jRnuZ6)

Each case varies in scope and severity. CIBanco was singled out for the alleged complicity of an employee who reportedly helped the Gulf Cartel open an account to launder $10 million.

Intercam was accused of facilitating the acquisition of precursor chemicals for the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — a group designated as a foreign terrorist organization by the U.S. government — through cash transfers totaling at least $1.9 million, made by individuals involved in cross-border drug trafficking.

Vector Casa de Bolsa, meanwhile, is accused of channeling $17 million through shell companies linked to Chinese chemical suppliers and criminal networks such as the Sinaloa Cartel and the Gulf Cartel. Some of these operations may also be tied to the case of Genaro García Luna, Mexico’s former Secretary of Public Security under President Felipe Calderón, now imprisoned in the United States on charges of corruption and collusion with drug traffickers.

As a result of these findings, U.S. authorities stated that once the designations are published in the Federal Register, all U.S. financial institutions must cease all transactions with the sanctioned Mexican entities within 21 days.

This timeline underscores the Mexican banking system’s deep dependence on cross-border financial ties, particularly with U.S. intermediaries that provide crucial services such as correspondent banking, clearing, and international financing.

While the 21-day window might appear to give the sanctioned institutions — or the Mexican government — a chance to respond, clarify, or challenge the accusations, the likelihood of reversing the designations is slim. FinCEN is not legally required to consider external appeals or disclose the evidence supporting its conclusions. The regulation is a national security tool — not part of a conventional judicial process.

In fact, the issuance of these designations strongly suggests that FinCEN has already concluded a thorough internal investigation — likely in coordination with other agencies such as the Drug Enforcement Administration (DEA) and the Department of Justice — and considers the links between the institutions and drug financing to be substantiated.

While criticism of certain U.S. federal agencies has intensified under President Donald J. Trump, particularly regarding politicization and lack of accountability, this action appears to be part of a broader bipartisan effort to confront the fentanyl crisis, which now ranks as a top national security concern in the U.S.

Looking ahead, the targeted institutions may try to mitigate the damage by implementing aggressive compliance reforms or negotiating limited operational allowances. They might also redirect international activity toward banks in Europe or Latin America that are less sensitive to U.S. regulatory pressure. However, there is no guarantee they will regain access to major international financial systems in the short term.

The responses from all three Mexican institutions were swift and forceful. Each denied any involvement in illicit activity and emphasized their long-standing compliance with national and international regulations for anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF).

For U.S. authorities, however, these safeguards were insufficient. In their view, the institutions were — at the very least — indirect facilitators of illicit financial flows.

The Treasury’s statement did not include documentary evidence to support its claims, and most of the underlying material remains classified. This lack of transparency will likely hinder the Mexican institutions’ ability to mount a legal or reputational defense, since they may not know the specifics of the transactions in question.

The Mexican government also expressed surprise at the announcement. In an official statement, it noted that after receiving an initial warning months ago, it had requested further information from U.S. authorities — without receiving a response until the designations were made public on Tuesday. The Ministry of Finance hinted that, despite frequent talk of bilateral cooperation in areas such as drug enforcement, there was no real coordination or information-sharing in this case.

The fallout goes beyond the named institutions. CIBanco, for example, is a key fiduciary operator in Mexico, involved in debt issuances, REITs (fibras), and CKDs (Capital Development Certificates). The reputational damage to these firms — and potentially to Mexico’s financial system as a whole — could be deep and long-lasting.