En materia energética, Sheinbaum mantiene cierta confusión mental

Los recientes apagones por las inundaciones fueron rápidamente resueltos. Los causados por la ideología, en cambio, siguen sin solución. Sheinbaum parece incapaz de notar ineficiencias que perpetúa.

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A lo largo de los últimos años, cada vez que México sufre un desastre natural —ya sea por huracanes, inundaciones, sismos u otras calamidades—, los presidentes en turno no dejan de alabar, con cierta razón, la buena labor de la empresa eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el suministro eléctrico.

El caso más reciente —las crecidas de ríos y lluvias extraordinarias que azotaron Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí a inicios de mes— no fue la excepción. Para el viernes pasado, cinco días después de iniciadas las labores de rescate, limpieza y reconstrucción de las zonas afectadas, 95.4% del servicio había sido restablecido. Hoy, al parecer, está a 100%. Fue una labor verdaderamente titánica e impresionante de recuperación por parte de la empresa pública y sus trabajadores. Un esfuerzo digno de reconocimiento, como bien hizo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La convicción, la entrega, el sacrificio de las y los trabajadores electricistas es algo extraordinario”, dijo la mandataria la semana pasada durante su reunión matutina con medios de comunicación, la mayoría afines al gobierno.

Trabajadores electricistas en medio de sus labores para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por desastres naturales. Foto CFE

El problema es que, apenas terminó su elogio, la presidenta volvió a exhibir cierta confusión —mental o conceptual— que arrastra, no solo ella, sino buena parte del país, respecto a las ventajas o desventajas de una posible convivencia entre empresas eléctricas privadas y CFE.

Durante décadas, en México ha prevalecido la idea de que la producción de energía debe estar exclusivamente en manos del Estado, para evitar que la electricidad y los combustibles —insumos indispensables para el funcionamiento de cualquier economía moderna— se utilicen en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la mayoría. Esa convicción ha sido el fundamento de la resistencia a abrir el sector energético a la iniciativa privada.

Las nacionalizaciones del petróleo en la década de 1930 y de la industria eléctrica en los años sesenta respondieron precisamente a esa lógica: garantizar que el Estado controlara la energía del país y evitar que estos recursos esenciales se convirtieran en instrumentos de enriquecimiento para unos pocos.

De ahí que el esfuerzo reformista encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto para abrir el sector energético haya durado tan poco. Su sucesor, Andrés Manuel López Obrador —fiel creyente en ese ideario nacionalista—, frenó primero la participación privada en la generación de electricidad y en la producción petrolera, para después allanar el camino a su sucesora, la presidenta Sheinbaum, para que revirtiera, como hizo, buena parte de esa apertura y así devolviera el control de la industria energética a las dos grandes compañías estatales.

Aunque aún persiste cierta presencia privada en el sector, esta opera bajo una estricta tutela estatal. Eso no significa que durante la breve apertura no existiera regulación gubernamental, sino que era mucho menos asfixiante para los inversionistas privados que la actual.

Tanto López Obrador como Sheinbaum han justificado la reversión de la reforma argumentando que el gobierno de Peña Nieto buscaba desmantelar o hacer desaparecer a Pemex y CFE, una aseveración que no tiene ningún fundamento. La apertura, lejos de debilitar a esas dos empresas, pretendía fortalecerlas, permitiéndoles incluso asociarse —si así lo decidían— con compañías privadas para cumplir mejor sus muy amplias y diversas actividades, en su beneficio y del país.

Al mismo tiempo, la incorporación de capitales privados al sector buscaba dinamizar la generación eléctrica y la producción de hidrocarburos mediante la competencia, para ventaja del Estado mexicano —vía impuestos y regalías—, pero sobre todo para bien de “el pueblo”, al poder contar éste con más opciones de energéticos, de mejor calidad y a menores precios.

Ni López Obrador ni Sheinbaum comparten esta interpretación de la apertura energética que vivió México entre 2013 y 2018. Ambos, aferrados a su concepción estatista del sector, dieron marcha atrás. Desde entonces, han aprovechado cualquier oportunidad para persuadir a los mexicanos de que, de continuar la reforma, el país habría perdido el control de sus recursos energéticos, en perjuicio de quienes menos tienen.

Los desastres naturales y la buena respuesta de CFE ante ellos se han convertido, a lo largo de los últimos siete años, en momentos estelares para reforzar ese relato gubernamental: el de que solo el Estado, a través de CFE, puede responder con eficacia ante las emergencias, y que era necesario, por tanto, recuperar el control total de la industria.

“Si el sistema eléctrico estuviera privatizado, jamás se estaría haciendo lo que hace la CFE”, dijo Sheinbaum hace unos días, en referencia al desempeño de la empresa en las zonas afectadas por las inundaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante uno de los múltiples recorridos que realizó en las zonas afectadas por las inundaciones recientes en cuatro estados del país. Foto Oficina de la Presidencia

El problema de fondo con esa declaración es que, en la mente de la presidenta, persiste una inexplicable confusión: la idea de que las empresas privadas no pueden coexistir con CFE o con Pemex para, entre todas, realizar las tareas de producción, distribución y transmisión de energía, así como las labores de reparación de daños frente a emergencias de gran magnitud.

Ambos conceptos, contrariamente a lo que piensan la presidenta, su antecesor y millones de mexicanos, no están reñidos. Por el contrario, contar con una CFE eficiente y rentable —lo que sería posible si existiera una regulación que le garantizara competir en igualdad de circunstancias—, complementada por productores privados, representaría el mejor de ambos mundos: un Estado con capacidad de respuesta ante desastres —como la que tanto enorgullece a la mandataria— y un sector eléctrico mucho más dinámico, capaz de sostener el crecimiento residencial, la producción manufacturera y la transformación digital que ya experimenta la economía mexicana.

La visión nacionalista de López Obrador y Sheinbaum, en cambio, ha generado cuellos de botella que hoy frenan el avance de México. Si el actual gobierno no corrige esa situación, seguirá limitando el desarrollo económico y perjudicando, sobre todo, a quienes menos tienen.

En lugar de haber culminado la reversión de las reformas, Sheinbaum debió corregir sus deficiencias para garantizar que ni CFE ni Pemex quedaran en desventaja frente a los productores privados. De haberlo hecho, ambas empresas estarían en una situación financiera mucho más sólida y en mejores condiciones para competir —o asociarse— con sus contrapartes privadas, además de poder seguir respondiendo con prontitud y eficiencia ante los desastres naturales.

Afortunadamente, la presidenta Sheinbaum parece tener una comprensión ligeramente más matizada que su mentor. Si bien impulsó una reforma constitucional para restablecer el control del Estado sobre las actividades energéticas, dejó abierta la puerta para que el capital nacional y extranjero pueda seguir participando, aunque de manera limitada y sujeta a las condiciones que impongan CFE y Pemex —algo lejos de ser ideal.

El problema es que ese modelo estatal-mixto no ha sido siquiera probado. Lo único claro es que el gobierno de Sheinbaum reconoce que por sí solas las dos empresas no se darán abasto para atender la demanda de energéticos del país. Hace unos días, por ejemplo, la Secretaría de Energía convocó a empresas privadas a desarrollar 34 centrales eléctricas con tecnologías renovables. Es difícil saber si esa convocatoria tendrá la respuesta esperada, pero al menos es un primer paso en la dirección correcta; ojalá no esté llegando muy tarde.

Con esa y otras acciones similares que está adoptando el actual gobierno, la presidenta reconoce —implícitamente— que, sin ayuda privada, la industria energética mexicana será, más que un motor de crecimiento, un lastre para su administración. CFE, con toda su gran capacidad de respuesta ante desastres naturales, no es ejemplo de eficiencia empresarial, principalmente por su estructura anquilosada y su carga laboral excesiva; mientras que Pemex es ya una enorme lápida sobre las finanzas públicas, pues a pesar de todos los esfuerzos por rescatarla, la petrolera sigue sin poder revertir sus enormes pérdidas ni aumentar la producción de crudo.

En última instancia, el problema no es solo de gestión, sino de visión. Mientras la presidenta Sheinbaum siga viendo la apertura energética como una amenaza, y no como una oportunidad para fortalecer al Estado y a sus empresas, México seguirá atrapado en un modelo que celebra la eficacia ante las emergencias, pero que se resigna a preservar costosas ineficiencias en prejuicio de todos los mexicanos.

On Energy Policy, Sheinbaum Remains Mentally Confused

The recent blackouts caused by floods were quickly resolved. Those caused by ideology, on the other hand, remain unresolved. Sheinbaum seems incapable of recognizing the inefficiencies she is perpetuating.

by Eduardo García

Over the past few years, whenever Mexico suffers a natural disaster —be it hurricanes, floods, earthquakes, or other calamities— the sitting president never fails to praise, with some justification, the good work of the state-owned Federal Electricity Commission (CFE) in restoring power.

The most recent case —the overflowing rivers and torrential rains that hit Veracruz, Hidalgo, Puebla, and San Luis Potosí earlier this month— was no exception. By last Friday, just five days after rescue, cleanup, and reconstruction efforts began, 95.4% of service had been restored. Today, it appears to be back at 100%. It was a truly titanic and impressive recovery effort by the public utility and its workers —a feat worthy of recognition, as President Claudia Sheinbaum rightly acknowledged.

“The conviction, dedication, and sacrifice of electrical workers is extraordinary,” the president said last week during her morning news gathering, attended mostly by media sympathetic to the government.

Electrical workers restore power in areas affected by recent natural disasters. Photo CFE

The problem is that, as soon as she finished her praise, the president once again revealed a certain confusion —mental or conceptual— that she shares with much of the country: the inability to grasp the potential coexistence between private electricity companies and the CFE.

For decades, the prevailing idea in Mexico has been that energy production must remain exclusively in state hands, to prevent electricity and fuels —essential inputs for any modern economy— from being used for the benefit of a few and to the detriment of the majority. That belief has long underpinned resistance to opening the energy sector to private investment.

The nationalization of oil in the 1930s and of the power industry in the 1960s followed precisely that logic: ensuring that the state controlled the nation’s energy and preventing these essential resources from becoming instruments of enrichment for the few.

That’s why the reform effort led by President Enrique Peña Nieto to open the sector was so short-lived. His successor, Andrés Manuel López Obrador —a staunch believer in that nationalist creed— first halted private participation in power generation and oil production, then paved the way for his successor, President Sheinbaum, to reverse much of that opening and return control of the energy industry to the two major state-owned giants.

Although some private players remain, they operate under strict state oversight. That doesn’t mean the brief liberalization lacked regulation —only that it was far less suffocating for private investors than the current regime.

Both López Obrador and Sheinbaum have justified rolling back the reform by claiming that Peña Nieto’s government sought to dismantle or eliminate Pemex and the CFE —a baseless assertion. The reform, far from weakening those companies, was meant to strengthen them, even allowing them to partner with private firms to better carry out their broad and diverse activities, to their own benefit and that of the country.

At the same time, opening the sector to private capital sought to boost electricity generation and hydrocarbon production through competition —benefiting the Mexican state via taxes and royalties, but above all helping the people, who would have gained access to more energy options, of better quality and at lower prices.

Neither López Obrador nor Sheinbaum accept this interpretation of the 2013–2018 energy reform. Both, clinging to their statist worldview, reversed course and have used every opportunity since to persuade Mexicans that, had the reform continued, the country would have lost control of its energy resources —to the detriment of the poor.

Natural disasters and the CFE’s strong response to them have, over the past seven years, become prime moments to reinforce that government narrative: that only the state, through the CFE, can respond effectively to emergencies, and that therefore regaining full control of the industry was essential.

“If the electricity system were privatized, what the CFE does would never be done,” Sheinbaum said recently, referring to the company’s performance in flood-stricken areas.

President Claudia Sheinbaum during one of several visits to areas affected by recent flooding in four Mexican states. Photo Office of the Presidency

The deeper problem with that statement is that, in the president’s mind, a puzzling confusion persists: the idea that private companies cannot coexist with CFE or Pemex to jointly handle energy production, distribution, and transmission —as well as repair work during large-scale emergencies.

Both concepts, contrary to what the president, her predecessor, and millions of Mexicans believe, are not mutually exclusive. On the contrary, having an efficient and profitable CFE —something possible under regulations that ensure fair competition— complemented by private producers, would represent the best of both worlds: a state capable of responding effectively to disasters, and a more dynamic electricity sector able to sustain residential expansion, manufacturing output, and the digital transformation already underway in Mexico’s economy.

The nationalist vision of López Obrador and Sheinbaum, by contrast, has created bottlenecks that now slow Mexico’s progress. Unless the current government corrects this, it will continue to constrain economic development, hurting most those it claims to protect.

Rather than completing the rollback of reforms, Sheinbaum should have corrected their flaws to ensure that neither CFE nor Pemex were left at a disadvantage compared with private producers. Had she done so, both companies would now be in a stronger financial position, better able to compete —or partner— with private counterparts, while maintaining their capacity to respond promptly and effectively to natural disasters.

Fortunately, President Sheinbaum seems to have a slightly more nuanced understanding than her mentor. Although she pushed through a constitutional reform to restore state control over energy activities, she left the door open for domestic and foreign capital to continue participating —albeit in a limited way and under conditions imposed by CFE and Pemex, far from an ideal scenario.

The problem is that this state–private hybrid model has yet to be tested. The only clear thing is that Sheinbaum’s government acknowledges that, on their own, the two companies cannot meet the country’s growing energy demand. A few days ago, for instance, the Energy Ministry invited private firms to develop 34 renewable power plants. It’s hard to know whether that call will attract the expected response, but at least it’s a step in the right direction —hopefully not too late.

Through that and similar measures, the president implicitly acknowledges that without private help, Mexico’s energy industry will be less an engine of growth than a burden for her administration. The CFE, for all its capacity to respond to natural disasters, is hardly a model of business efficiency, weighed down by an ossified structure and excessive labor costs, while Pemex has become a heavy tombstone on public finances. Despite repeated rescue attempts, the oil company remains unable to reverse its massive losses or increase crude output.

Ultimately, the problem is not only one of management, but of vision. If President Sheinbaum continues to view energy liberalization as a threat rather than as an opportunity to strengthen the state and its enterprises, Mexico will remain trapped in a model that celebrates efficiency in emergencies while clinging to costly inefficiencies —to the detriment of all Mexicans.