Ganan unos, pierden los demás —principalmente los jóvenes

Con la reversión al régimen de pensiones que lograron los maestros, presionando a la presidenta Claudia Sheinbaum, ganan los de ayer, pero pagarán los demás, principalmente los de mañana.

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En el triunfo laboral de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para revertir gradualmente el alza a la edad de su jubilación hay una dosis de miopía que, muy probablemente, pagarán sus hijos o sus nietos.

No es que su exigencia —la reducción de la edad para el retiro, que la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 venía elevando de forma progresiva— carezca de lógica. Pero el logro, arrancado mediante bloqueos y la ocupación del Zócalo capitalino por parte de integrantes de la CNTE, tendrá un costo muy elevado, ya que agrava una de las fracturas más profundas del sistema de pensiones en México: la desigualdad intergeneracional.

Además, esa victoria no está exenta de afectar en el futuro la capacidad del Estado para ofrecer mejores servicios de salud, educación y seguridad a todos los mexicanos —no solo a un grupo como decidió conceder ahora.

Reformas previas a los sistemas de pensiones del país, incluida aquella que elevó gradualmente la edad de jubilación para los maestros y los servidores públicos, buscaban precisamente corregir esas problemáticas. Reconocían que, gracias a los avances científicos y a la expansión de los servicios de salud en el país, los mexicanos habían logrado incrementar su esperanza de vida en más 25 años de 1950 a 2000. La mayor expectativa de vida hacía inviables e insostenibles —no solo en México, sino en todo el mundo— los esquemas de retiro concebidos a inicios o mediados del siglo XX. Las reformas eran así inevitables e inaplazables, sobre todo para los jóvenes que apenas ingresaban o estaban por ingresar al mercado laboral.

Vista del Zócalo capitalino ocupado en días pasados por integrantes de la CNTE para exigir un aumento salarial y la reversión al aumento de la edad de jubilación. Foto captura de pantalla de WebcamsMX

Ahora, con el triunfo de la CNTE, a partir de 2028, no solo los maestros, sino también todos los empleados del gobierno federal, como académicos, investigadores, bibliotecarios, policías, militares, camilleros, enfermeras, médicos, jueces, magistrados y burócratas contratados antes del 1 de abril de 2007 podrán jubilarse a edades más tempranas que las previstas hace 18 años y con hasta 100% de su sueldo. En cambio, sus hijos —y hasta los hijos de estos— enfrentarán una realidad distinta: condiciones de retiro más exigentes y la responsabilidad de financiar, con su trabajo y más años en la fuerza laboral, las pensiones más generosas de sus padres.

Esto ocurre porque, aunque el decreto que reforma la Ley del ISSSTE y que firmó la presidenta Claudia Sheinbaum representa una victoria laboral para cierto segmento de los servidores públicos, sus beneficios no alcanzan a todos. Cerca de 1.1 millones de empleados federales, que hoy trabajan en el gobierno e ingresaron a sus cargos después del 31 de marzo de 2007, seguirán sujetos al régimen de cuentas individuales instaurado por la reforma de ese año. En ese sistema, las pensiones dependen del ahorro acumulado por cada trabajador en una empresa administradora de fondos para el retiro, o afore, y la cual difícilmente ofrecerá beneficios de jubilación similares.

Claro, la desigualdad intergeneracional no nació con el decreto de Sheinbaum. Pero al permitir que algunos puedan jubilarse desde los 53 años (mujeres) o 55 años (hombres) en 2034, con 28 o 30 años de servicio, respectivamente, la brecha entre generaciones volverá a profundizarse, tras buscar su reducción.

Este es quizás el hecho más crítico de la decisión del gobierno de ceder ante la presión de la CNTE. La medida no aporta soluciones para equilibrar las cargas generacionales en materia de pensiones, ni busca crear un sistema de retiro más equitativo y accesible para todos. Hoy, gracias al decreto, solo algunos trabajadores estatales contarán con privilegios en su jubilación —no solo por una menor edad de retiro, sino por mejores condiciones en el cálculo y pago de sus pensiones—, que tampoco están al alcance del resto de los trabajadores del sector privado.

Un trabajador en una compañía privada tiene que esperar hasta los 65 años para jubilarse, es decir, siete años más que un servidor público contratado antes de 2007 y que se retire a partir de 2034. Además, deberá haber cotizado al menos 25 años, tener una cuenta individual en una afore y contar con saldo suficiente para financiar su pensión. Si no lo logra, recibirá solo una pensión mínima garantizada.

La desventaja se vuelve aún más aguda si se compara con los esquemas de retiro de empresas estatales como CFE o Pemex. En ambos casos, sus sistemas de pensiones superan incluso los beneficios restablecidos para algunos trabajadores del Estado por el decreto presidencial. En CFE, por ejemplo, la edad de retiro es de 55 años con 30 de servicio, luego de que en 2020 el entonces director general, Manuel Bartlett, revirtiera los cambios pactados con el sindicato en 2016, que habían elevado la edad de retiro a 65 años para los nuevos empleados. Actualmente, la empresa eléctrica paga hasta 100% del último sueldo al momento del retiro.

En el caso de Pemex, la edad mínima para retirarse es también de 55 años, con al menos 25 años de servicio, y el monto de la pensión equivale a 80% del último salario.

Una forma de dimensionar la carga intergeneracional que implica el sistema de pensiones —y que la presidenta Sheinbaum agravó con la firma de su decreto— es observar el cálculo actuarial del costo que tendrá para el Estado mexicano reducir la edad de retiro de cerca de 900,000 servidores públicos.

El secretario de Educación, Mario Delgado, presenta, durante la reunión matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, los acuerdos alcanzados para revertir el incremento a las tasas de jubilación de ciertos servidores públicos. Foto captura de pantalla de la transmisión realizada por la Oficina de la Presidencia

Aunque la presidenta estimó que aceptar la demanda de la CNTE para revertir la reforma de 2007 costaría alrededor de 80,000 millones de pesos (unos 4,200 millones de dólares) en los próximos cinco años, especialistas anticipan un escenario mucho más oneroso para el erario público, ese que, como suele recordar el movimiento que encabeza la mandataria, pertenece a todos los mexicanos.

Carlos Ramírez, quien presidió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) de 2013 a 2018 y hoy es socio en la consultora en políticas públicas Integralia, dijo en entrevista con el diario El Economista que, a partir de 2030 —cuando comenzará a aplicarse la reducción de edad de retiro— el gasto anual adicional será de entre 30 y 40 mil millones de pesos. En términos acumulados, el costo total durante el periodo de retiro de esos trabajadores podría llegar a 400 mil millones de pesos (más de 21 mil millones de dólares, en valor presente).

Esa cifra no es menor. A menos que el gobierno logre compensarla con una mayor recaudación fiscal o ingresos extraordinarios por derechos, productos o aprovechamientos, el ajuste podría traducirse en más deuda pública o en recortes al gasto en infraestructura y programas sociales: escuelas, hospitales, trenes o transferencias directas, o en un mayor déficit fiscal, más inflación, mayores tasas y menor crecimiento económico.

Si el Estado mexicano no encuentra una vía para equilibrar ese nuevo compromiso que asumió la presidenta, las consecuencias del decreto no recaerán solamente en las generaciones futuras, sino también en las actuales. El beneficio para un grupo acotado de trabajadores podría implicar, en el mediano plazo, un costo para todos los demás —los mismos a quienes la presidenta Sheinbaum dice representar, pero que aparentemente, ante sus ojos, valen menos.

Some Win, Others Lose – Especially Young People

With the pension reform that teachers and other public employees secured by pressuring President Claudia Sheinbaum, yesterday's workers win, but tomorrow's generations will pay the price.

by Eduardo García

The labor victory claimed by members of the National Coordinator of Education Workers (CNTE) in gradually lowering the retirement age reflects a short-sightedness that will most likely cost their children and grandchildren dearly.

Their demand —to reduce the retirement age, which had been gradually raised under the 2007 reform of the Law of the Social Security Institute for State Workers (ISSSTE)— is not irrational. But the achievement, extracted through blockades and the occupation of Mexico City's main square, carries a high price: it deepens one of the core fractures in Mexico’s pension system —intergenerational inequality.

Moreover, this concession risks further constraining the state’s ability to improve healthcare, education, and public safety for the broader population—not just a politically powerful segment.

Earlier pension reforms, including the one that gradually increased the retirement age for teachers and civil servants, aimed precisely to address this issue. These changes recognized that thanks to scientific and healthcare advances, Mexicans had increased their life expectancy by more than 25 years between 1950 and 2000. Longer lives made retirement systems designed in the early- to mid-20th century financially unsustainable—not just in Mexico, but globally. Reform became inevitable, especially for younger generations entering the labor market.

View of the Zócalo, recently occupied by members of the CNTE (National Coordinator of Education Workers) demanding a salary increase and a rollback of the retirement age hike. Screenshot from WebcamsMX

Now, with the CNTE's triumph, beginning in 2028, not just teachers but also federal employees such as academics, researchers, librarians, police, military personnel, nurses, doctors, judges, and bureaucrats hired before April 1, 2007, will be able to retire earlier than planned under the 2007 law, with pensions of up to 100% of their salary. Meanwhile, their children—and their children's children—will face harsher retirement conditions and bear the burden of financing their elders' more generous pensions.

That’s because the decree signed by President Sheinbaum does not benefit all public servants. Around 1.1 million federal employees hired after March 31, 2007, remain under the individual account regime created by the same reform. Their retirement will depend on the amount saved in their personal pension funds accounts (Afores), which are unlikely to match the benefits restored by the decree.

Of course, intergenerational inequality did not begin with Sheinbaum’s reform. But by allowing some to retire as early as age 53 (for women) or 55 (for men) starting in 2034, with 28 or 30 years of service respectively, the gap between generations will once again widen.

This may be the most troubling aspect of the president’s decision to yield to CNTE pressure. The measure does not offer a solution to rebalance pension burdens across generations. Nor does it attempt to build a more equitable, inclusive retirement system. Thanks to the decree, a limited group of state workers will now enjoy preferential retirement conditions —not just a lower retirement age, but also more generous pension formulas— that are out of reach for the rest of the workforce, especially in the private sector.

A private-sector worker must wait until age 65 to retire —seven years longer than a public servant hired before April 1, 2007, who retires in 2034. They must also contribute for at least 25 years, have a personal account with an Afore, and accumulate enough savings to fund their pension. If they fall short, they receive only the minimum guaranteed pension.

The inequality becomes starker when comparing federal employees with workers at state-owned enterprises like CFE and Pemex. These institutions offer even more generous retirement packages. At CFE, for instance, the retirement age is 55 with 30 years of service. Manuel Bartlett, the company's former director, reversed earlier reforms that had raised the retirement age to 65 for new employees. Today, CFE pays retirees up to 100% of their final salary.

At Pemex, the minimum retirement age is also 55, with at least 25 years of service, and pensions amount to 80% of the final salary.

One way to understand the long-term cost of this policy decision is to look at the actuarial projections. President Sheinbaum estimated that reversing the 2007 reform would cost the state around 80 billion pesos (approximately USD $4.2 billion) over the next five years. But experts expect the real fiscal impact to be much higher.

During President Claudia Sheinbaum’s morning news briefing, Education Secretary Mario Delgado outlines the agreement to roll back the planned increase in retirement ages for certain public servants. Screenshot from the presidential broadcast

Carlos Ramírez, who led Mexico’s National Commission for the Retirement Savings System (Consar) from 2013 to 2018 and is now a partner at public policy consultancy Integralia, told El Economista that starting in 2030, when the new retirement ages kick in, annual pension costs will rise by 30 to 40 billion pesos. In total, the cumulative cost during the retirement years of these public workers could reach 400 billion pesos (more than USD $21 billion in today’s value).

That is no small sum. Unless the government compensates with higher tax revenues or extraordinary income from rights, fees, or dividends, the shortfall could mean more public debt or cuts to infrastructure and social programs: schools, hospitals, transportation, or direct assistance.

If the government does not find a way to balance this new financial commitment, the consequences will fall not only on future generations, but also on today’s taxpayers. What now seems like a benefit for a narrow group of workers could soon become a burden for everyone else —the same citizens President Sheinbaum claims to represent, but who, in this decision, she has clearly valued less.