Lo que hay oculto y detrás del acuerdo de deportación Trump-Bukele

Mientras la Suprema Corte de Estados Unidos se desentiende, crecen las pruebas de un pacto muy turbio entre los gobiernos de Trump y Bukele para convertir a El Salvador en cárcel a sueldo.

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Cuando la Suprema Corte estadounidense redujo la orden de un tribunal de distrito contra la administración Trump a fin de que “efectuara” el regreso de un ciudadano salvadoreño deportado injustamente, quizá aclaró algo más que la relación entre los tribunales federales y el Ejecutivo.

Si simplemente hubiera permitido que el tribunal de primera instancia ordenara el regreso sin rodeos, la amarga saga de Kilmar Armando Abrego García habría podido concluir rápidamente y la tormenta mediática habría pasado. Nadie descarta que Trump pudiera haber desafiado abiertamente al tribunal si este hubiera actuado con mayor firmeza. Pero al devolver el caso a la corte inferior para aclarar qué debía hacer el gobierno para “facilitar” el regreso, la Suprema Corte extendió el juego.

A medida que empezamos a descubrir —o redescubrir— los enrevesados tratos entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador que involucran a líderes de la pandilla MS-13, esto se parece cada vez menos a una lucha inflexible contra el terrorismo de las maras salvatruchas.

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem visitó recientemente la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, que aloja a miles de miembros de la pandilla MS-13 y en la que el presidente del país centroamericano Salvador Bukele está encarcelando a migrantes deportados por Estados Unidos. Foto captura de pantalla de video de la agencia Associated Press

Como era de esperarse, las respuestas legales del gobierno fueron retorcidas. Alegaron que “facilitar” no implicaba más que eliminar obstáculos internos al regreso de Abrego García y advirtieron que no harían nada para persuadir a El Salvador de que lo liberara.

Pero, ¿y si sí estuvieran dispuestos a hacer más? ¿Podrían hacerlo?

Es lo más insólito. A pesar de que la política exterior de la administración Trump se basa en usar todas las palancas imaginables para arrancar concesiones de otros países, los funcionarios han sido curiosamente respetuosos de las prerrogativas soberanas de El Salvador. El “no lo haríamos” se volvió una letanía al estilo del Dr. Seuss: “no podríamos, no querríamos, no deberíamos”.

Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ridiculizó la idea de devolverlo: “La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista a los Estados Unidos?”.

¿Podría ser que una administración Trump, obsesionada con sacar provecho de cada transacción, haya pactado —en palabras de Bukele— “externalizar su sistema penitenciario”, en un acuerdo que le arrebata a Estados Unidos cualquier poder sobre la custodia de aquellos a quién le paga por retener? (¿Dónde aparece esta maniobra exquisita en Art of the Deal (El arte de la negociación)?)

Y, sin embargo, parecía haber un indicio de que Estados Unidos sí tenía opciones, discretamente enterradas en la orden del tribunal inferior del 6 de abril. Este citaba un memorándum del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, según informó AP News: “La República de El Salvador confirma que albergará a estas personas durante un (1) año, a la espera de la decisión de los Estados Unidos sobre su disposición a largo plazo” (énfasis agregado).

Miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se percataron del matiz e hicieron una solicitud pública del texto del acuerdo, que, conforme a una bien establecida ley federal, debió haberse entregado al Congreso. Los detalles podrían exponer lo absurda que resulta la coreografía de afirmaciones del gobierno estadounidense con su contraparte salvadoreño: que nadie tiene poder sobre el prisionero y que la administración ocultó al Congreso los términos del trato.

En estos días es difícil predecir qué ocurrirá mañana. Pero es posible que atrincherarse en esa postura le traiga a la administración dolores de cabeza aún mayores. Cuanto más enfoca la atención en los movimientos de líderes de organizaciones terroristas violentas entre ambos países, más parece que han sido manejados (o no) como peones. Asegurar justicia por sus crímenes parece repetidamente una prioridad secundaria —cuando no un obstáculo— frente a las ambiciones políticas.

Medios salvadoreños —y más recientemente The New Yorker— han levantado el telón de una historia que emergió cuando un video publicitario de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, frente a los reclusos de la mega prisión de Bukele, mostró a un alto líder de MS-13 que dos semanas antes esperaba juicio en el Distrito Este de Nueva York por cargos de terrorismo.

El trasfondo ya estaba documentado por medios salvadoreños, organizaciones de derechos humanos como Cristosal y el propio Departamento de Justicia. Pero hasta hace poco, en Estados Unidos parecía eclipsado por una prensa más bien acrítica sobre el supuesto éxito sin precedentes de Bukele contra MS-13. En El Salvador, la historia fue activamente encubierta mediante el férreo control del gobierno sobre las instituciones y el hostigamiento a la prensa.

En 2013, el gobierno de Obama designó a MS-13 como organización terrorista y lanzó investigaciones conjuntas de agencias estadounidenses. La pandilla, originada en California en los años ochenta entre refugiados de la violencia centroamericana, se fortaleció tras las deportaciones masivas al final de los conflictos armados, exportando el problema a la región. En El Salvador, MS-13 consolidó una estructura de mando nacional.

El presidente estadounidense Donald J. Trump conduce a el presidente de El Salvador Nayib Bukele en una visita oficial a la Casa Blanca. Foto cuenta X Nayib Bukele/@nayibbukele

Investigaciones estadounidenses descubrieron que tras la elección presidencial de Bukele en febrero de 2019, altos funcionarios de su gobierno iniciaron negociaciones secretas con la cúpula nacional de MS-13, dentro y fuera de las cárceles, usando diversos subterfugios para ocultarlas. Estas conclusiones aparecen en la segunda de dos acusaciones presentadas en septiembre de 2022 contra un total de 27 líderes pandilleros. A cambio de promesas como mayor libertad para operar desde prisión, dinero, obstrucción a extradiciones, reformas legales y liberaciones anticipadas, los líderes acordaron reducir los “asesinatos públicos” (es decir, ocultar los cuerpos) para simular una caída en la tasa de homicidios. Además, ayudaron a manipular las elecciones legislativas de febrero de 2021 a favor del joven partido de Bukele.

Cuando Estados Unidos presentó la primera acusación en enero de 2021 contra 14 líderes de MS-13, el entonces fiscal general de El Salvador expresó su apoyo a extraditarlos. Pero en mayo, tras asumir la super mayoría legislativa, el oficialismo lo destituyó a él y a cinco magistrados de la Suprema Corte del país centroamericano. La unidad antimafia del Ministerio Público fue disuelta y la investigación colapsó.

Como era de esperarse, cuando Estados Unidos solicitó la extradición de los acusados, encontró una resistencia sistemática. No era un misterio.

En 2022, El Faro difundió grabaciones filtradas de Carlos Marroquín, el funcionario encargado de negociar con MS-13. Aparte de afirmar reiteradamente que mantenía informado a Bukele (cuyo nombre clave era “Batman”), Marroquín narró cómo, ante una solicitud de extradición contra Elmer “El Crook de Hollywood” Canales Rivera, El Salvador lo liberó, y él personalmente lo escoltó fuera de prisión hasta Guatemala.

Crook es uno de los tres cabecillas identificados por el Departamento de Justicia estadounidense como pieza clave en las negociaciones. Hace unos días, Danielle Mackey de The New Yorker reveló que el gobierno de Bukele, temeroso de lo que Crook pudiera revelar, pidió ayuda incluso a pandillas rivales para capturarlo antes que lo atrapara Estados Unidos. Aparentemente, fracasaron: Crook fue arrestado por autoridades mexicanas y extraditado discretamente a Estados Unidos, donde ahora espera juicio por cargos de terrorismo.

Estas acusaciones y la custodia estadounidense de varios implicados marcaron hitos en una operación de años para desmantelar a la cúpula de MS-13. Con la captura de César Humberto “El Greñas” López Larios, otro actor clave, los fiscales prometieron que pronto “enfrentará a la justicia en un tribunal federal”. Como decía un titular, su arresto mostró cómo “el pacto de Bukele con los jefes de las pandillas a quienes dejó escapar está siendo deshecho por Estados Unidos, uno por uno”.

Pero a mediados de marzo, la misma fiscalía solicitó, en silencio y con urgencia, desechar el caso. La explicación fue escueta: “preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional” y el deseo de permitir que El Salvador lo juzgara primero. También pidieron sellar la moción, aduciendo riesgos para los oficiales y potenciales daños a la relación con “un aliado extranjero”.

El portal El Salvador Now apuntó que la versión del Departamento de Justicia omitía varios hechos clave: El Greñas ya había estado preso tres años en El Salvador, sin ser juzgado. Y las propias acusaciones del Departamento toman nota de las negociaciones clandestinas del gobierno sobre homicidios, liberaciones anticipadas, obstrucción de la extradición e injerencia electoral. Pero es cierto que El Salvador quería de vuelta a estos líderes pandilleros bien informados. De hecho, fue la única petición concreta de Bukele a Trump, de acuerdo con su embajador en Estados Unidos.

Es toda una historia. Los líderes de pandillas y el gobierno de Bukele sellan pactos oscuros. A cambio de protección, se interrumpe el diálogo con Estados Unidos sobre extradiciones. Washington persevera, captura a algunos fugitivos, y finalmente obtiene la extradición de otros en 2024. Entra la administración Trump, y de pronto, enviar a los pandilleros de vuelta a El Salvador puede pesar más que garantizar su juicio por una letanía de crímenes, incluido el asesinato de ciudadanos estadounidenses.

O al menos para algunos de ellos. El Greñas y todo lo que sabe está bajo resguardo de Bukele, que lo quiere desesperadamente.

Pero un testigo aún más valioso —y más peligroso para Bukele— sigue en Estados Unidos: El Crook, negociador clave, contrabandeado a Guatemala, atrapado en México y ahora encarcelado en Estados Unidos ¿Debió salir más tarde en otro vuelo o fue retenido intencionalmente como seguro, como una ficha más en las negociaciones con Bukele? Conociendo a la administración Trump, esa parece su manera de actuar. Y hay otros presos aquí, incluido el presidente de la junta de MS-13, y al menos dos más que, de acuerdo con informes, buscan alcanzar acuerdos por lo que podrían estar listos para hablar.

Cuando Marco Rubio anunció por primera vez la oferta de Bukele para recibir prisioneros, la describió como “un acuerdo migratorio mayor, sin precedentes, extraordinario, extraordinario [sic] en cualquier parte del mundo”. Con algo de tiempo, quién sabe qué desenredos revelarán estos hilos. Tal vez al final tenga razón.

Robert Varenik es un observador y analista sobre temas de justicia y derecho. Ha litigado temas de derechos humanos, al tiempo que dirigió estudios y proyectos sobre justicia, rendición de cuentas y evaluación de sistemas de justica en México y otros países.