Tiznar antes que argumentar

Ante la crítica del expresidente Zedillo a la captura del Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum optó por la descalificación personal en lugar de rebatir los argumentos del ensayo.

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Para Leopoldo Ortega

Pensar que la presidenta Claudia Sheinbaum no entendió el artículo del expresidente Ernesto Zedillo titulado “México: de la democracia a la tiranía”, publicado en la revista Letras Libres, sería autoengañarse.

Pese a que, en su supuesta respuesta al ensayo, Sheinbaum confundió términos básicos de la ciencia política e hizo comparaciones absurdas, está claro que comprendió la crítica del exmandatario. Su enfado al abordar el texto la delató. Sin embargo, siguiendo las enseñanzas de su mentor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum prefirió tiznar —verbo favorito de los dos últimos gobiernos— la reputación de Zedillo en lugar de analizar y rebatir su argumento.

“Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos —hablando de democracia— de las masacres de Acteal, de El Charco, de El Bosque, de Aguas Blancas?”, dijo la presidenta, en referencia a eventos muy condenables de aquel sexenio, pero que no tienen relación con la crítica de Zedillo a la deriva autoritaria del gobierno actual. “Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos”.

Resulta evidente que la presidenta prefirió evadir el razonamiento central de Zedillo. Al evocar episodios trágicos de su sexenio —que, aunque lamentables, no son el eje del artículo— Sheinbaum desvió la atención del planteamiento de fondo: que la reforma judicial impulsada por López Obrador, y respaldada por ella, eliminará la autonomía del Poder Judicial y lo convertirá en un apéndice del partido gobernante.

La presidenta Claudia Sheinbaum prefirió ignorar los argumentos del expresidente Ernesto Zedillo en cuanto al retroceso democrático que vive México para pasar a criticar su sexenio. Fotos World Economic Forum/Oficina de la Presidencia

Sheinbaum apenas rozó la crítica al repetir su gastado argumento de que el gobierno no puede capturar al Poder Judicial si los jueces, magistrados y ministros son elegidos “democráticamente” por el pueblo —como si no existieran sistemas con elecciones que son claramente autoritarios. Cinco vienen rápido a la mente: Cuba, Rusia, Irán, Nicaragua y Venezuela. Todos celebran elecciones que siempre ganan los mismos, pese al profundo descontento social.

Como bien señaló Sheinbaum en su supuesta réplica, México tuvo durante décadas un sistema antidemocrático, de partido único, con elecciones simuladas. Zedillo lo reconoce en su ensayo:

“A pesar de que la Constitución estipulaba la democracia como nuestro régimen político las reglas formales e informales eran tales que durante mucho tiempo los partidos políticos distintos al PRI —mi partido— no tenían oportunidad de ganar esas elecciones periódicas”, escribió el expresidente.

Nadie describió mejor ese régimen que creo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —al que, por cierto, en mucho se asemeja el partido de la presidenta, Movimiento Regeneración Nacional (Morena)— que el recién desaparecido escritor Mario Vargas Llosa, cuando dijo, en 1990 durante el Encuentro Vuelta organizado por el poeta Octavio Paz: “Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir: yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México. . . encaja dentro de esa tradición con un matiz, que es más bien el de un agravante: . . . México es la dictadura perfecta”.

Sheinbaum ignoró la admisión de Zedillo y se limitó a llamarlo un político antidemocrático. Pero el historial del mandatario que gobernó México de 1994 a 2000 desmiente esa calificación: el expresidente permitió la primera victoria presidencial de la oposición en las últimas ocho décadas, otorgó autonomía al Poder Judicial y reformó el sistema electoral para que fuese independiente del gobierno y México tuviera elecciones limpias y auténticas.

“Desde mi protesta como candidato a la presidencia, a lo largo de mi campaña electoral y al tomar posesión como presidente me comprometí a emprender las reformas necesarias para hacer de México una verdadera democracia”, escribió Zedillo. “Ese compromiso obedecía a mi convicción de que México no había podido satisfacer las demandas de progreso económico, social y político porque fundamentalmente había fracasado en construir una democracia auténtica”.

A pesar de la crisis económica que marcó su sexenio —y que la presidenta Sheinbaum resaltó para desviar la atención del argumento central sobre el giro autoritario que está padeciendo el país—, los mexicanos reconocieron al final el liderazgo de Zedillo: terminó su gobierno con 67% de aprobación, el segundo presidente mejor valorado de los últimos cinco, solo detrás de López Obrador, con 74%.

Trayectoria de la aprobación presidencial de los últimos cinco presidentes a lo largo de sus respectivos sexenios. AMLO = Andrés Manuel López Obrador. FCH = Felipe Calderón Hinojosa. VFQ = Vicente Fox Quezada. EZPL = Ernesto Zedillo Ponce de Léon. EPN = Enrique Peña Nieto. Gráfica recopilada y elaborada por Oraculus.

Las verdaderas democracias, Sheinbaum lo sabe, se sustentan en la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La autonomía de cada uno garantiza el equilibrio y los contrapesos necesarios para limitar los abusos del poder y proteger con ello a los ciudadanos.

Es cierto que en una democracia los electores pueden otorgar el control del Ejecutivo y el Legislativo a un mismo partido o coalición —como ocurrió en México el año pasado—, pero eso no justifica que también domine el Poder Judicial.

Sin embargo, eso es precisamente lo que está ocurriendo, como dijo Zedillo. Aunque Morena y sus aliados no obtuvieron en las urnas la mayoría calificada para reformar la Constitución —su votación conjunta para el Congreso fue de apenas 54.2 %, casi 12 puntos porcentuales por debajo del umbral necesario—, una interpretación legal avalada por el ya capturado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les permitió alcanzar esa mayoría en la Cámara de Diputados. A eso se sumó la extorsión sobre un par de senadores de oposición, lo que completó la mayoría calificada en el Senado.

Irritado por los fallos en su contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —autónoma y creada bajo las reformas de Zedillo— López Obrador propuso a inicios de 2024 que todos los integrantes del Poder Judicial fueran electos por voto popular. La idea ganó simpatías, alentadas por el descrédito que arrastra el sistema de justicia, especialmente a nivel local, y por el atractivo populista de “elegir directamente” a los jueces. El resultado electoral de junio, sumado al fallo del TEPJF, abrió paso a la reforma judicial del lopezobradorismo.

Pero esa elección, lejos de fortalecer la democracia, muy probablemente la debilitará si no es que la eliminará, porque será un engaño. Es previsible que vote solo una minoría, movilizada por Morena y sus aliados, con instrucciones precisas para favorecer a los candidatos propuestos por el Ejecutivo y el Legislativo —ambos ya bajo control del oficialismo.

La magnitud de la elección es la que hace pensar a muchos de que habrá una baja participación. En cada estado, los votantes elegirán a unos 57 funcionarios judiciales entre más de 300 candidatos. Para ponerlo en perspectiva: en una elección presidencial —hasta ahora las más complejas— los ciudadanos votan por un máximo de ocho cargos (presidente, gobernador, senadores federales, diputados federales, presidentes municipales, legisladores locales y, en algunos casos, regidores y síndicos) entre unos 40 o 60 aspirantes. El volumen en esta elección judicial es simplemente abrumador y amenaza con desbordar la capacidad del votante promedio.

Pero no solo es eso. En 19 estados, incluida la Ciudad de México, los ciudadanos también votarán por cargos judiciales locales, lo que añade más presión a un proceso ya saturado.

No resulta difícil coincidir con Zedillo: esta reforma no busca democratizar la justicia, sino disfrazar con una supuesta elección popular la captura del poder Judicial. Morena, como el PRI en el pasado, pretende someter al Poder Judicial y revertir los avances democráticos conseguidos tras décadas de lucha.

El título del artículo de Zedillo resume bien lo que muy probablemente suceda en en México: el fin de la democracia y el inicio de la tiranía, en la medida que un solo poder —el de la presidenta y su partido— controle los tres poderes del Estado, sin contrapeso alguno. Justo como ocurrió durante el siglo XX bajo el dominio del PRI, sistema que Zedillo combatió y transformó.

Smearing Instead of Arguing

To pretend President Sheinbaum didn’t understand Zedillo’s article — “Mexico: From Democracy to Tyranny,” published in Letras Libres — would be self-deception.

Despite confusing basic political concepts and drawing bizarre comparisons in her supposed rebuttal, it’s clear she grasped the essence of his criticism. Her outrage betrayed her. But rather than engage with the argument, Sheinbaum followed the example of her mentor, President Andrés Manuel López Obrador, and tried to smear Zedillo’s legacy instead.

“We’re going to talk about Zedillo’s presidency. Why don’t we talk about the massacres of Acteal, El Charco, El Bosque, Aguas Blancas?” said Sheinbaum, invoking tragic and condemnable events from Zedillo’s term that, however serious, have no bearing on his critique of Mexico’s authoritarian drift.

“And why don’t we talk about Fobaproa?”, she continued. “Because rescuing a few by turning private debt into public debt —and leaving millions burdened with it— is also authoritarian.”

What’s clear is that Sheinbaum chose to evade Zedillo’s core argument. By dredging up unrelated episodes —however regrettable— she sidestepped the issue at the heart of the essay: that the judicial reform pushed by López Obrador and supported by Sheinbaum would destroy the autonomy of the judiciary and convert it into a political instrument of the ruling party.

President Claudia Sheinbaum chose to ignore former President Ernesto Zedillo's arguments regarding Mexico's democratic decline and instead criticized his administration. Photos World Economic Forum/Office of the Presidency

President Sheinbaum brushed off the former president’s claims by repeating the tired defense that there can be no judicial capture if judges, magistrates, and justices are elected “democratically” by the people —as if popular elections alone ensured democratic integrity. Yet five counterexamples spring to mind: Cuba, Russia, Nicaragua, Venezuela, and Iran —all hold elections regularly, all are clearly authoritarian.

Ironically, Sheinbaum herself acknowledged that Mexico spent decades under an anti-democratic one-party regime with rigged elections. Zedillo admits as much in his essay:

“Although the Constitution declared democracy as our political system, the formal and informal rules made it impossible for any party other than the PRI —my party— to win elections for a long time,” he wrote.

No one described that regime more precisely than the late writer Mario Vargas Llosa, who said in 1990 during the Vuelta symposium convened by Octavio Paz: “I hope I won’t sound too harsh, but I don’t think Mexico can be exempted from the Latin American tradition of dictatorships. The Mexican case fits within that tradition — with a twist, a worsening: Mexico is the perfect dictatorship.”

Sheinbaum ignored Zedillo’s admission and dismissed him as an anti-democratic figure. But the facts contradict her: Zedillo oversaw Mexico’s first presidential transition to the opposition in the 20th century, granted constitutional autonomy to the judiciary, and spearheaded electoral reforms that freed elections from partisan control.

“From the moment I was nominated for the presidency, throughout the campaign and once in office, I committed to the reforms necessary to make Mexico a real democracy,” Zedillo wrote. “That commitment stemmed from my belief that Mexico had failed to make political, economic, and social progress because it had not built an authentic democracy.”

Despite the economic crisis that marked his administration —and which Sheinbaum highlighted to deflect from his central thesis— Zedillo left office with 67% approval rating, the second highest of Mexico’s last five presidents, behind only López Obrador’s 74%.

Presidential approval ratings for the last five presidents throughout their respective terms. AMLO = Andrés Manuel López Obrador. FCH = Felipe Calderón Hinojosa. VFQ = Vicente Fox Quezada. EZPL = Ernesto Zedillo Ponce de León. EPN = Enrique Peña Nieto. Chart compiled and developed by Oraculus

True democracies are grounded in the separation of executive, legislative, and judicial powers.

The autonomy of each branch guarantees checks and balances that prevent abuses of power and safeguard citizens' rights. It’s true that in a democracy, voters can grant control of both the executive and legislative branches to a single party or coalition —as happened in Mexico last year. But that does not justify letting the same group control the judiciary.

Yet that is precisely what is happening. Although Morena and its allies did not win the supermajority needed to amend the Constitution —their combined vote share for Congress was 54.2%, nearly 12 percentage points short of the two-thirds threshold— a legally dubious interpretation endorsed by the already co-opted Electoral Tribunal (TEPJF) handed them a qualified majority in the Chamber of Deputies. On top of that, the government pressured two opposition senators into securing that majority in the Senate.

Frustrated by repeated defeats in the Supreme Court —an independent institution born of Zedillo’s reforms— López Obrador proposed in early 2024 that members of the judiciary be elected by popular vote. The proposal found support due to widespread frustration with the justice system, especially at the local level, and the simplistic appeal of “letting the people choose” judges. The outcome of the June elections, combined with the TEPJF’s ruling, made that judicial reform a reality.

But far from strengthening democracy, that election is likely to be a sham. Most voters won’t participate. Those who do will largely be supporters of Morena and its allies, guided to vote for candidates aligned with the executive and legislative branches —already under their control.

The scale of the election is also staggering. In each state, voters will select around 57 judicial officials from a pool of more than 300 candidates. For comparison: in a presidential election —previously Mexico’s most complex— voters cast ballots for up to eight offices (president, governor, federal senators and deputies, mayors, local legislators, and sometimes councilors). The judicial ballot risks overwhelming the average voter.

And that’s not all. In 19 states, including Mexico City, voters will also select local judicial officials, making the process even more unwieldy.

It’s hard not to agree with Zedillo: this reform does not aim to democratize justice but to disguise the judiciary’s capture as a democratic process. Morena, like the PRI before it, seeks to dominate the courts and roll back the democratic gains achieved after decades of struggle.

The title of Zedillo’s essay encapsulates what is at stake: the end of democracy and the beginning of tyranny —a scenario in which one political force controls all three branches of government, with no institution left to challenge its will. Just like the PRI’s authoritarian rule in the 20th century —the same regime Zedillo helped dismantle.